Este martes desde las 14, la Cámara de Diputados interpelará al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por el escándalo generado tras la promoción del token $LIBRA, una criptomoneda impulsada en redes sociales por el propio presidente Javier Milei el pasado 14 de febrero. Sin embargo, también fue citado, el ministro de Economía, Luis Caputo, que decidió no asistir.

La sesión estaba prevista para la semana pasada, pero fue suspendida por el fallecimiento del Papa Francisco. Ahora, con el clima político recalentado y la oposición decidida a avanzar, se espera un debate tenso y de alto voltaje. Francos y Cúneo llegarán al recinto en medio de cuestionamientos sobre el vínculo entre el Gobierno y una operación financiera que terminó con cientos de damnificados.

También habían sido citados el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, aunque ambos ya adelantaron que no asistirán. Caputo sigue evitando el Congreso desde su asunción, y Silva se ampara en la autonomía del organismo que encabeza. Sin embargo, el artículo 71 de la Constitución Nacional deja claro que los funcionarios están obligados a comparecer si una de las cámaras lo requiere.

La mecánica del encuentro no está del todo clara. La última vez que la Cámara de Diputados interpeló formalmente a un funcionario fue en 1996, al entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, en un contexto político muy diferente. Ahora, con decenas de bloques e interbloques, la dinámica promete ser más fragmentada y difícil de controlar. En principio, los ministros tendrán un tiempo para exponer sus argumentos antes de que comience el ida y vuelta con los legisladores.

La estrategia de los funcionarios del Gobierno nacional para desligarse del caso $LIBRA

Según trascendió, Cúneo Libarona buscará desligar al presidente de la Nación de cualquier responsabilidad legal con una figura que ya adelantó a su entorno: la «autopuesta en peligro». Según esta tesis, los inversionistas actuaron por cuenta propia, con pleno conocimiento del riesgo, y por lo tanto no habría responsabilidad penal por parte de quienes promovieron el activo digital.

En paralelo, Diputados sigue lidiando con la conformación definitiva de la comisión investigadora sobre el caso. Por ahora, el reparto de lugares quedó empatado entre oficialismo y oposición, tras una maniobra del Gobierno para dividir bloques y diluir la representación opositora. Este miércoles está previsto que se reúna para su constitución formal, pero su integración aún es motivo de debate.

Una propuesta que circula entre varios bloques opositores es volver a votar el reglamento de la comisión para impedir que se contabilicen las unificaciones y divisiones de bancadas ocurridas después de su aprobación. El objetivo: evitar que el oficialismo tenga un control artificial sobre un espacio que fue concebido justamente para investigar una situación que lo compromete.