El Gobierno nacional decidió volver a ausentarse en el Congreso ante la citación impulsada por la oposición para que los ministros de Economía y Justicia den explicaciones sobre el caso $LIBRA, la criptomoneda que Javier Milei promocionó en redes sociales y que generó pérdidas para miles de damnificados. La sesión está prevista para el miércoles 14 de mayo, pero desde Balcarce 50 ya adelantaron que no darán el brazo a torcer: no consideran que tengan nada que aportar y aseguran que se trata de una maniobra con fines proselitistas.

En la Casa Rosada se muestran indiferentes ante la presión legislativa y subrayan que el tema “no le importa a nadie, excepto a los diputados”. Aún con investigaciones en marcha en la justicia argentina y estadounidense, el oficialismo da por cerrado el asunto. El ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no tienen previsto asistir. Según altas fuentes del Gobierno, volverían a esgrimir los mismos argumentos utilizados para justificar su ausencia anterior: falta de vinculación con los hechos y compromisos impostergables.

Una estrategia de resistencia ante la ofensiva legislativa

El kirchnerismo y otros sectores opositores redoblaron su ofensiva para instalar el tema en la agenda pública. Tras el primer faltazo, la nueva convocatoria de interpelación se inscribe en la misma línea, aunque en el Gobierno advierten que asistir ahora sería conceder que hay algo que ocultar. La narrativa oficial sostiene que ya se cumplió con la obligación institucional al enviar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la sesión anterior. “Mandamos al que está por encima de ellos”, repiten en Balcarce 50 para cerrar el asunto.

Francos, que se mantuvo tras bambalinas en la última sesión esperando su turno mientras se discutía la inasistencia de sus pares, terminó recibiendo el elogio del propio Milei, que lo definió como “la cabra” en redes sociales. El Presidente sigue de cerca el tema, aunque en su entorno consideran que la interpelación es parte de un intento opositor por empañar la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese contexto, desde el oficialismo deslizan que tanto Caputo como Cúneo podrían mostrarse el mismo día de la sesión en el cierre de campaña que encabezará Milei en una plaza porteña, aún sin definir. Sería un gesto político que subraye el desdén con que el Gobierno observa el llamado del Congreso.

Temores de juicio político y acusaciones de intento destituyente

Mientras tanto, en el ámbito parlamentario, se mantiene en marcha el proceso para conformar una comisión investigadora que evalúe el rol del Ejecutivo en la difusión del criptoactivo. El oficialismo trabaja para trabar esa comisión a toda costa. La oposición, en cambio, busca avanzar incluso con eventuales presentaciones judiciales contra los ministros por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público. Algunos sectores del kirchnerismo ya hablan de iniciar un proceso de juicio político, aunque saben que es difícil que prospere.

Desde el entorno de Milei acusan a los diputados que motorizan esta avanzada de tener intenciones “destituyentes”, un término que el oficialismo utiliza desde hace meses para deslegitimar cualquier intento de control institucional. La tensión crece a medida que se acerca la fecha de la primera elección relevante del año, y el Gobierno se atrinchera en la narrativa de que todo forma parte de una operación política para erosionar su imagen.

Lejos de despejar las dudas, la decisión de desoír el nuevo llamado refuerza el conflicto institucional. El Ejecutivo insiste en que el caso está cerrado y que la exposición de Francos fue suficiente. La oposición, en cambio, considera que hay responsabilidades que deben explicarse y que el Gobierno no puede blindarse detrás de silencios selectivos. En el medio, crece la sospecha de que el oficialismo no solo busca minimizar el impacto político del caso, sino también evitar cualquier filtración o contradicción que pueda surgir de una interpelación pública.