En medio del avance judicial por el criptoescándalo $Libra, el diputado nacional de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto de ley para regular el lobby en Argentina. La propuesta busca dar un marco legal claro a una práctica que hoy opera en la sombra, pese a ser legítima en democracias modernas. “Es necesario ordenar y visibilizar esta actividad, que existe desde hace años en una zona gris”, explicó el legislador.

El proyecto establece la creación de un Registro Nacional de Gestión de Intereses, que será obligatorio, digital y de acceso público. Los gestores de intereses —ya sean profesionales, representantes sectoriales o miembros de la sociedad civil— deberán declarar sus actividades, reuniones y vínculos con funcionarios públicos.

Además, la iniciativa también impone obligaciones a los propios funcionarios. Deberán informar sus encuentros con lobistas, incluso si se dan por redes sociales. “No puede haber más decisiones del Estado en la opacidad”, advirtió Agost Carreño. Según dijo, el objetivo es saber “quién gestiona intereses, ante quién, con qué fines y con qué recursos”.

Segundo intertítulo: Transparencia para fortalecer la democracia

El proyecto no sólo se centra en la transparencia, sino también en las consecuencias de su incumplimiento. Establece sanciones para quienes no se registren o informen debidamente, prohíbe actuar como lobistas a exfuncionarios durante los dos años posteriores a su gestión y obliga a denunciar delitos cuando se detecten irregularidades.

“Este proyecto no demoniza el lobby. Lo ordena, lo documenta y lo vuelve visible. Porque en una democracia sana, la ciudadanía tiene derecho a saber quién influye, con qué medios y para qué”, sostuvo el diputado.

Agost Carreño recordó que Estados Unidos cuenta con el Lobbying Disclosure Act desde 1995, una legislación que obliga a declarar vínculos y actividades ante el Congreso o el Ejecutivo. “Lejos de entorpecer, estas herramientas fortalecen la democracia y la confianza pública en las instituciones”, aseguró.

Por último, el legislador vinculó la propuesta con el caso $Libra, que involucró al presidente Javier Milei y dejó al descubierto reuniones no registradas con empresarios cripto. “Una sola publicación presidencial disparó el valor de una moneda sin respaldo. Eso benefició a unos pocos y perjudicó a miles”, concluyó.