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La oposición desafía al Gobierno nacional y Javier Milei se prepara para volver a usar el veto
El miércoles próximo, la Cámara de Diputados debatirá proyectos que ponen en tensión el equilibrio fiscal que logró establecer el Gobierno. Se trata de iniciativas sensibles, que apuntan a sectores vulnerables como jubilados y personas con discapacidad, y también a las universidades públicas. Sin embargo, el costo económico de su implementación resulta inaceptable para la administración de Javier Milei, que ya analiza la posibilidad de vetarlas.
Los proyectos en cuestión incluyen una nueva suba de las jubilaciones, un incremento del bono previsional, la prórroga de la moratoria, la declaración de emergencia en discapacidad y una actualización del presupuesto universitario. Todos con un denominador común: un fuerte impacto sobre las finanzas públicas que el Gobierno no está dispuesto a convalidar.
Pulseo con antecedentes
No es la primera vez que el Congreso actúa en bloque contra el equilibrio fiscal. En 2023, Milei debió vetar dos leyes votadas por una mayoría circunstancial: una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y un aumento del presupuesto universitario. En aquella oportunidad, el Presidente no sólo evitó ceder, sino que tampoco pagó un costo político.
Con un PRO alineado, gobernadores atentos a la caja y un radicalismo fracturado, el oficialismo logró resistir. Sin embargo, ahora el escenario podría ser más desafiante, según reconocen en la Casa Rosada.
Qué se vota esta semana
La sesión del miércoles será clave. La oposición impulsará proyectos que contemplan:
- Extensión de la moratoria previsional por dos años.
- Régimen proporcional para quienes no cumplen los 30 años de aportes.
- Aumento general del 7,2% en las jubilaciones.
- Incremento del bono previsional, que pasaría de $70.000 a más de $100.000.
La mayoría de estas propuestas cuentan con apoyo transversal, excepto la moratoria, que sólo es respaldada por Unión por la Patria y la Izquierda. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de estos cambios implicaría un costo superior al 1,3% del PBI.















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