El ciudadano Daniel de Olivera, identificado con el DNI 21.466.251, presentó una denuncia penal ante el juzgado Federal Nro. 7 de Comodoro Py, registrada bajo el expediente 223/2025. La acción judicial involucra al presidente Javier Milei, a su entorno familiar y a varios legisladores nacionales en graves acusaciones relacionadas con supuestos vínculos con grupos terroristas, financiamiento irregular de la campaña electoral y lavado de dinero.

Según el denunciante, estos hechos representarían una amenaza directa a la seguridad nacional y constituirían delitos de traición a la patria, antisemitismo y conexión con redes de narcotráfico y terrorismo internacional.

Las acusaciones principales

La denuncia, respaldada por un relato pormenorizado de los hechos, incluye las siguientes imputaciones:

Financiamiento irregular: De Olivera asegura que la campaña presidencial de Javier Milei fue financiada por el Grupo Koch, una organización con supuestos intereses geopolíticos y económicos en los recursos naturales argentinos. Además, vincula a esta financiación con actividades de lavado de dinero a través de cuentas en Panamá.

Vínculos con terrorismo internacional: El denunciante afirma que el financiamiento incluyó el desvío para la compra de armas destinadas a grupos como Hamás y Hezbollah, señalando una conexión con miembros en Argentina que habrían actuado como intermediarios.

Antisemitismo y redes neonazis: De Olivera también denuncia la existencia de un grupo armado asociado a Milei, autodenominado “el brazo armado del presidente”, con escenografía y simbología nazi.

Vínculos con funcionarios y legisladores: Señala directamente a Karina Milei, Martín Menem, Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal, acusándolos de enriquecimiento ilícito, recepción de pagos irregulares y participación en actividades de lavado de dinero.

Requerimientos urgentes

En su denuncia, De Olivera solicita la formación de una comisión investigadora en el Congreso para esclarecer los vínculos financieros y terroristas del presidente Milei. Además, pide la notificación a agencias internacionales como el FBI, la CIA y el Mossad, entre otras, para intercambiar información clave sobre las acusaciones. Finalmente, alegó la necesidad de aplicar la ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA), en referencia a la norma que establece regulaciones para la recopilación de inteligencia extranjera mediante vigilancia electrónica, registros físicos, registros telefónicos y otros medios.

El denunciante también reclama que se inicie un juicio político contra Milei por traición a la patria y que se destituya a los legisladores mencionados por su presunta complicidad.

La secretaría General del Juzgado Federal Nro. 7 confirmó la recepción de la denuncia, que deberá ser investigada por las autoridades correspondientes. Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales desde la Casa Rosada ni de los legisladores implicados.

Contexto histórico y familiar

De Olivera, quien se presenta como descendiente de una familia con vínculos con el nazismo, asegura tener conocimiento directo de las actividades del Grupo Koch, al que acusa de estar detrás de una red global de financiación para la desestabilización de países a través de títulos financieros y operativos encubiertos.

Esta denuncia surge en un contexto de tensión política y social en Argentina, donde el gobierno de Milei enfrenta críticas por sus políticas económicas y su alineación con sectores del poder concentrado internacional. La gravedad de las acusaciones podría generar un terremoto político en el país y desencadenar una investigación de amplio alcance.